SANCIONES, IMPUESTOS Y EL USO PERVERSO DE LA LEY

"Su madre tenía una especie de nobleza sólo por el hecho de regirse por normas privadas. Los sentimientos de ella eran realmente suyos y no los que el estado le mandaba tener". George Orwell, "1984"

De unos años a esta parte, nuestra sociedad ha degenerado en un sistema de extracción intensiva, en donde las diferentes administraciones se dedican a exprimir sin compasión los bolsillos de los ciudadanos. Unas administraciones ineficientes, mayoritariamente hipertrofiadas, en ocasiones duplicadas y generalmente mal gestionadas, a consecuencia de haber puesto muchas de ellas en manos de personas irresponsables, indignas y en no pocos casos también corruptas.

Y es que en realidad, el principal objeto de todo ese desmesurado afán recaudatorio no es otro que el de disimular, tapar, reparar y mantener los continuos despropósitos en los que incurren quienes las dirigen, a la vez que ello les permite conservar un puesto de trabajo que pocas veces merecen, para el que normalmente no están capacitados y por el que frecuentemente perciben una remuneración económica excesiva e improcedente.

Para llevar a cabo la extracción y conservar el tinglado que tienen montado, no sólo ya no se conforman con haber elevado las tasas impositivas hasta niveles insostenibles para la mayoría de los ciudadanos, sino que, siendo ello insuficiente para sufragar sus despropósitos, se dedican a promover un sistema de extracción paralelo o complementario, en base al incremento irracional y desmesurado de las sanciones administrativas.

Así y mediante un uso perverso e inadecuado de la ley, se van estableciendo en todos los ámbitos de la vida infinidad de nuevas restricciones e infracciones, cada vez más próximas a los usos y costumbres habituales de las personas. Hábitos que a partir de ese momento dejarán de circunscribirse al marco de las libertades individuales, para pasar a ser considerados como hechos punibles y constitutivos de posible sanción administrativa. A modo de ejemplo, baste con mencionar que en España se publican todos los años más de un millón (!!) de páginas de boletines oficiales, o que existen en nuestro estado más de 100.000 normas vigentes y de obligado cumplimiento.

Pero es que además, todo ese exceso regulativo y normativo se lleva a cabo desde 17 Comunidades Autónomas diferentes y competidoras entre sí, cuyas distintas legislaciones terminan en ocasiones siendo incluso contradictorias cuando no incompatibles, algo que con frecuencia también constituye una seria traba para el adecuado desarrollo económico y empresarial de la nación. Una exacerbación legislativa encebada a la sombra de un paternalismo insoportable, inasumible e insostenible, que trata de convertir a la inmensa mayoría de los ciudadanos en delincuentes, o como mínimo en infractores habituales, cuando la realidad es que la mayoría de esas personas son honestas y cuando lo normal es que hagan un uso adecuado, racional y responsable de una libertad que por derecho propio les corresponde.

Más aún, quienes se erigen en garantes y reguladores de esa libertad; quienes instan todo ese excesivo e inapropiado marco legal para promover la sanción, no sólo hacen un uso abusivo del mandato recibido por parte de esos mismos ciudadanos, sino que además están moralmente deslegitimados para hacerlo. Y digo que carecen de legitimidad moral, en primer lugar porque entre sus filas y partidos se concentran la mayor parte de los grandes casos de infracciones graves y corrupción conocidos en España. Y en segundo lugar porque a muchos de ellos no se les conoce otro mérito, experiencia o profesión alguna, más que el haber hecho carrera dentro de su propio partido político, lo que por si sólo no debería de ser suficiente para justificar los cargos que a veces desempeñan, o la supuesta ascendencia intelectual -no digamos ya moral- que pretenden tener sobre el resto de ciudadanos, como para poder decirnos lo que esta bien y lo que esta mal.

No quiero que estos políticos, cuya labor durante las últimas décadas es más que reprobable y cuya catadura intelectual, ética y moral es más que cuestionable, me digan a cada instante lo que puedo o debo hacer en todos y cada uno de los ámbitos de la vida. Quiero pasear por el campo, andar por la ciudad, poder cambiar una batería a mi vehículo o dar de comer al perro en la calle, patinar o montar en bicicleta junto a mis hijos como me apetezca y por donde considere oportuno, sin muchas más restricciones que las mínimas necesarias para poder regular adecuadamente la circulación y la convivencia en sociedad, junto a las que imponen la prudencia, la educación y el uso adecuado de la propia libertad. Una libertad que por derecho me corresponde y que en absoluto les debo a ellos.

Entre otras cosas, porque el respeto y la consideración que merecen las personas que me rodean, el sentido común, la responsabilidad y el uso adecuado de mi libertad, evitará que corte una calle para hacer una fotografía o que vaya atropellando con la bicicleta a los peatones que pasean por las aceras... Y si en algún momento llegara a equivocarme, y al margen de lo que puedan decir las leyes que ya tenemos, confío en que esos otros mismos ciudadanos sabrán recordarme, con su reprobación, cuál es mi sitio, lo que seguramente llevarán a cabo con la misma sinceridad, prudencia y sentido común que he conocido desde que tengo uso de razón, al menos en lo que se refiere a las personas de la calle. Ojalá pudiera decir lo mismo de todos los políticos y de aquellos que se erigen en garantes y reguladores de nuestros derechos y libertades.

Por Alberto de Zunzunegui

Referencias:

Las multas de tráfico que le pueden poner aunque no conduzca un coche

Resumen de la Nueva ley de seguridad vial

Ley 5/1997, de 24 de marzo, de reforma del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

Entrevista a Fernando Gomá, de ¿HAY DERECHO?

AYUNTAMIENTO DE MADRID: Borrador de Ordenanza de Convivencia Ciudadana en el Espacio Público
TRANSPARENCY INTERNATIONAL: Global Corruption Barometer 2013

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LA CORA (PARA NO ENTENDIDOS)

Así, a primera vista, parece el nombre de una cupletista de principios del siglo veinte, o de un nuevo virus de la gripe que amenaza con amargarnos el próximo invierno. Pero… nada más lejos de la realidad. CORA es el acrónimo de la Comisión -diseñada por la Vicepresidenta del Gobierno- para elaborar el informe de la Reforma de las Administraciones Públicas y, por extensión, del documento presentado en sociedad a finales del pasado junio. Más de dos mil folios y doscientas recomendaciones que, tras la adaptación de las leyes oportunas, pueden convertirse en eficaces medidas a aplicar.

Entre los invitados al “evento”, figuran, los miembros de las siete subcomisiones encargadas de los distintos apartados objeto de estudio, y de su Consejo Asesor, en el que han estado representados: el Defensor del Pueblo; las organizaciones empresariales y de empleados públicos: el Consejo de Consumidores y Usuarios, la Asociación de Trabajadores Autónomos, el Instituto de Empresa Familiar, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y la Asociación Española de Empresas de Consultoría, además se ha contado con un buzón de participación ciudadana abierto para la ocasión, para que el pueblo llano participara, de algún modo, con sus ocurrencias, sugerencias y aportes varios.

Con el concurso de todos ellos se ha elaborado un informe que parte de la experiencia y conocimientos de la Administración y la Función Pública en los últimos 35 años, en los que no cabe duda de que se ha se ha dado un salto positivo el cual, en muchas materias, constituye un modelo a imitar para otros países. No obstante, Los miembros de la CORA y cuantos en la sombra han dedicado cientos de horas a desmenuzar carencias, duplicidades, despilfarro, ineficacia y obsolescencia de nuestras Administraciones Públicas, a través de un maratoniano esfuerzo y una exhaustiva revisión de organismos, -listados interminables; comprobación de datos; operaciones aritméticas; comparativas con otros entes públicos del entorno europeo; y revisión en profundidad de la legislación actual-, han  sabido reconocer errores y han puesto en pie una tormenta de ideas,  que presentan como “la radiografía más minuciosa y reformista de nuestro sector público en décadas”, y no andan descaminados.

Vaya por delante que el Consejo de Estado ha emitido un duro informe sobre una de las medidas adoptadas: el Anteproyecto de Ley de la Reforma de la Administración Local, en el que el régimen de competencias municipales establecido, plantea dos cuestiones espinosas:  de una parte la regulación aplicable al coste estándar  que resulta insuficiente y debe por ello explicitarse y, de otra, el posible cuestionamiento de la garantía institucional de la autonomía local consagrada en el artículo 140 de la Constitución. Quiero creer que ¡por fin! los Ayuntamientos, especialmente los bien administrados, tendrán auténtica presencia, voz y voto en los futuros debates para clarificar, de una vez por todas, esta situación de tenguerengue administrativo del “ni comen, ni dejan comer” en que vienen desarrollando sus actuaciones, inmerecidamente. con más pena que gloria.

Y dicho esto, dejemos  que la Justicia se encargue de poner en su sitio a los facinerosos de distinto pelaje y condición que se han infiltrado ignominiosamente en la vida pública, porque la piedad con el malo es crueldad con el bueno, y vayamos a este informe cuyo resumen de 250 folios he leído con atención puesto que ayuda a comprender -no a justificar-, que más que el pillaje, el latrocinio o la mala voluntad, han sido la ineficacia y la inercia, las causas de que, no sé si por mirar hacia otro lado o porque los asuntos urgentes impedían acometer los necesarios, la situación haya ido deteriorándose oculta por una falsa bonanza económica que hinchaba la amenazadora bola de nieve hasta convertirla en el alud que nos arrastraría a todos sin remedio.

En el relato de los hechos se van desbrozando, una a una, las carencias en el funcionamiento de los distintos Ministerios y Organismos Públicos; la ausencia de un estricto cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en todos los niveles de la Administración; la falta de transparencia y control; las ineficacias y las redundancias; las duplicidades; el exagerado aumento del empleo público, sobre todo de los mal llamados funcionarios, o la no meditada descentralización, que ha contribuido a que entre 1982 y 2012 se hayan creado o sobredimensionado entidades regionales paralelas y que los empleados de las Comunidades Autónomas, que eran prácticamente inexistentes, se hayan multiplicado por 30, mientras casi se cuadruplican los de los Ayuntamientos. En otro orden de cosas, alerta sobre la conveniencia de compartir y no dispersar medios entre las administraciones. ¿A qué santo viene la extendida proliferación de oficinas regionales fuera de nuestras fronteras, o el que haya tantos Defensores del Pueblo como Autonomías. Por qué no centralizar de una vez la contratación de servicios o corregir que nos cueste tanto compartir la conservación de carreteras o la gestión  de centros educativos?

Resulta gratificante entre toda esta maraña, comprobar el sentido común que reflejan las sugerencias que los ciudadanos han ido dejando en el buzón del que hablábamos al inicio de estas líneas, y que consideran de importancia vital acometer. Muchos de ellos se quejan del despilfarro que supone el que les “entretengan” con papeleos inútiles; que deban guardar colas interminables y largas esperas para, entre otras cosas, aportar documentos que ya obran en poder de las distintas administraciones públicas. Se lamentan de que hayan de solucionar laberínticos trámites, y de que no exista un acceso único a la información; de la escasa claridad de normas y mandatos y del pobre funcionamiento de la administración electrónica que, a estas alturas, debiera estar a disposición del usuario las 24 horas de los 365 días del año. Entre los aspectos que consideran evidentemente preocupantes figura el de la réplica de organismos y competencias entre las distintas Comunidades Autónomas por el excesivo crecimiento, la ineficacia, el derroche y la oscura delimitación de competencias que ello supone. Todo ello, figura negro sobre blanco en el informe que nos ocupa, por lo que me congratulo al ver que su voz ha sido escuchada y puesta en valor ya que, curiosamente, coincide con muchas de las deficiencias anotadas por las distintas Subcomisiones de estudio de la propia CORA.

La filosofía del documento final presentado aboga primordialmente por: “Una Administración, una competencia” y “Prestar igual o mejor servicio a menor  coste”. Loables propósitos que se idean pronto pero cuya puesta en práctica conlleva un ímprobo y generalizado trabajo que afecta a todos y cada uno de los trabajadores de la Función Pública y si me apuran mucho a todos los ciudadanos de esta España mía; de esta España nuestra.

A punto de finalizar este comentario  me permito solicitar de quien competa, que todo lo que se refiere a medidas de empleo público se trate hoy y en un futuro próximo con el máximo interés, generosidad y sensibilidad exquisita, por tratarse de decisiones que afectan a seres humanos a los que la situación de deterioro actual ha puesto en un brete complicadísimo y, por ello aunque no sólo por ello, deben contar hoy más que nunca con la mayor consideración y respeto en las cuestiones que les atañen y… no tengo muy claro que se refleje así en el documento.

Y ya por último, les anoto un decálogo de perlas entresacado de  las más de doscientas medidas adoptadas, que les traslado y que, de cumplirse, implicaría ya un notable y positivo esfuerzo de modernidad, eficiencia y progreso. A saber:

• “Adelgazar la Administración Pública para hacerla más asequible al ciudadano”.
• “No fijar los presupuestos en función de lo ejecutado el año anterior,  sino en función de lo que realmente se necesite gastar en cada partida”.
• “Justificar estrictamente las razones que motivan la creación de cualquier nuevo organismo o entidad pública”.
• “Suprimir Tribunales; Fundaciones; Sociedades Mercantiles; Agencias; Observatorios, Entidades gestoras, y cuantos organismos sean innecesarios, obsoletos o redundantes, mediante la reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional”.
• “Efectuar contratos centralizados con el fin de ahorrar costes”.
• “Utilizar con total eficiencia y disponibilidad los recursos tecnológicos, ofreciendo altos niveles de calidad en los servicios prestados”.
• “Aplicar la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, simplificando las trabas administrativas para el acceso y ejercicio de las actividades económicas en las diferentes CC.AA. y la libre circulación de bienes y servicios en todo el territorio nacional“.
• “Lograr que los títulos que habilitan para el ejercicio de una actividad, o la circulación de un producto, tengan la misma eficacia en todo el territorio nacional”.
• “Respetar el derecho de los ciudadanos a no presentar documentos que ya obren en poder de la Administración”.
• “Establecer una serie de obligaciones legales en materia de gestión pública y, en particular, en el manejo de recursos económicos y respeto a la estabilidad presupuestaria, cuyo incumplimiento lleve aparejado un régimen específico de infracciones y sanciones que pueden llegar a la inhabilitación para cargo público”.

Si todo ello así se cumpliere, que el pueblo  soberano lo reconozca, y si no, se lo demande. AMÉN.

Por Elena Méndez-Leite

Fuente: Resumen del Documento de la COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

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EL "MATRIMONIO HOMOSEXUAL" (5/5): LA FUNCIÓN DE LAS LEYES. CONCLUSIONES

LA FUNCIÓN DE LAS LEYES EN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA

La última cuestión de fondo que subyace en el debate en torno al “matrimonio homosexual” y a su regulación legal es, precisamente, el de para qué sirven las leyes, el de cuál es su función en una sociedad democrática.

En la ya famosa sentencia del TC sobre el “matrimonio homosexual” los magistrados hacen referencia a dos nociones que me parecen importantes: la idea de que el texto constitucional debe ser interpretado a la luz de los problemas y las circunstancias actuales para no convertirse en letra muerta, y el convencimiento de que la ley debe doblegarse a la realidad social, a la estadística.  Vayamos por partes porque la cuestión es más importante y profunda de lo que parece… 

Ya lo he dicho alguna vez pero voy a repetirme: me gusta la etimología porque arroja luz sobre el sentido último de las palabras y los conceptos.  El Derecho –pues de eso es de lo que se trata aquí- es la versión española del adjetivo latino directus, equivalente a rectus, participio pasivo del verbo regere, que significa regir, dirigir hacia lo recto, hacia el Bien propio y el Bien común.  Para lograrlo, el poder político legislativo recurre a la ley escrita, a la ley positiva en la que se fundamenta el corpus legal, a la concreción normativa que será exigible –y normalmente exigida- de modo coactivo por las fuerzas del Estado.

Sin embargo, la pregunta que quiero plantear es: ¿la justicia de la ley depende de la voluntad o capricho del legislador, o más bien nace de la adecuación de aquella a la naturaleza propia del ser humano, a la sintonía con la Verdad de las cosas?  Ese es el debate filosófico-jurídico existente entre los partidarios del positivismo jurídico y los del iusnaturalismo, debate que considero necesario acercar a todos aquellos que no son juristas pero que se ven afectados por el mismo…  Y en el que voy a tomar posición y parte.

Me alineo con una posición de carácter iusnaturalista (que afirma que una ley sólo es justa cuando lleva al hombre a la perfección que le es propia) porque la considero más humanista, prefiero la preocupación y adecuación de la ley a la naturaleza humana y a su vía propia de desarrollo que su sometimiento a la voluntad (e ideas, e intereses) de unos pocos, de los legisladores…  Prefiero someter el Derecho al modo de ser (a la naturaleza) de todos los hombres, y no al de una minoría.

Porque en el positivismo –tan de moda- las leyes dictadas por el legislador, por el poder político, acaban expresando la voluntad del gobernante, no tienen más límite ni valor que el que se fundamenta en la fuerza coercitiva que es capaz de aplicar el que manda… Nos sitúan, por tanto, ante un poder político basado en la Potestas (en la fuerza) y no en la Auctoritas, en la sintonía con la Verdad…  Y ante unas leyes volubles… Tan volubles y sujetas a cambio como sujeto a cambio esté el que detenta el poder…  Y eso es peligroso, como lo es la razón de estado, como lo es todo poder ilimitado…  De eso saben mucho quienes han vivido el siglo XX, con sus luces y sombras.

Desde el iusnaturalismo, en cambio, se defiende que la ley escrita debe ser la concreción al caso específico de la ley natural, de los principios, bienes y valores que se derivan de la naturaleza de las cosas –especialmente del ser humano- y que, por ello, la ley no debe ser dictada por una voluntad caprichosa sino descubierta e interpretada por una mente y una voluntad preocupadas por la Verdad, por el Bien y por el pleno desarrollo del ser humano, facilitándole los medios y el camino para que cada uno pueda llegar a ser aquello que está llamado a ser.

En este sentido, no es la ley la que debe doblegarse a la situación social, a la estadística, sino que hay que tratar de adecuar la sociedad a ese estado ideal que es propuesto y defendido por la ley como valioso.  Es ese valor educativo de la norma el que preserva realmente la paz.  Una paz que nace del interior del ser humano y que, por mucho que lo intentemos, jamás podrá ser impuesta desde fuera.

Es con esta concepción del poder político y del Derecho con el que yo me siento más cómodo e identificado, con el que somete la Potestas a la Auctoritas, el que conduce al cumplimiento de la ley no sólo por miedo a la coherción sino por la interior aceptación y reconocimiento de sus principios y valores, el que no sólo vence sino que convence porque resulta una concreción razonable en la norma positiva, escrita, de los valores o principios generales propuestos por ese Derecho Natural que se deriva de las características propias de un profundo conocimiento del ser humano.

No creo en el sometimiento del hombre a la ley, sino en la adecuación de la ley a la Ley, al Ser Humano (con mayúscula), a la mejor imagen que podamos lograr de nosotros mismos.  La ley es para el hombre y no el hombre para la ley…  Más nos vale no olvidarlo.  Nuestra libertad y felicidad dependen de ello.

CONCLUSIONES

Tras una semana reflexionando y escribiendo sobre el “matrimonio homosexual”, ha llegado el momento de sintetizar mi posición.

Partamos de mi valoración de la homosexualidad: más allá de la tendencia, no creo que la homosexualidad sea algo que viene determinado genéticamente como el sexo biológico…  No hay pruebas al respecto, y sí indicios en sentido contrario.  Sin embargo, sí parece tener gran influencia en su desarrollo el medio en el que uno se desenvuelve y la propia voluntad.

Yo no soy homosexual, ni me he propuesto serlo porque, aunque defiendo la androginia originaria del ser humano –la coexistencia en una misma persona de lo masculino y lo femenino en el estado edénico- no creo que la homosexualidad tenga nada que ver con ello sino que, por el contrario, supone una forma limitada de nuestra naturaleza…  Empezando por nuestra naturaleza sexuada.

Yo no sé para ti, pero para mí el sexo es algo importante, muy importante. Y éste sólo puede vivirse plenamente (en sus cuatro vertientes: lúdica, relacional, procreativa y simbólica, espiritual o trascendente) en el marco de una relación heterosexual.

Así que no puedo valorar positivamente la homosexualidad ni apoyar la promoción de la misma, aunque es ese profundo respeto por la naturaleza humana el que me lleva –a un tiempo- a criticar la homosexualidad (la tendencia y conducta) y a tolerar y defender al homosexual (a la persona).

Todos debemos ser respetados en atención a nuestra dignidad humana, y no concibo por tanto aquellas legislaciones en las que se criminaliza la homosexualidad.  Pero tampoco me parecen bien aquellos regímenes en los que trata de convertirse la homosexualidad en norma, en conducta a promocionar… No es mi ideal de ser humano ni de sociedad, qué le vamos a hacer.

Y como que además estoy convencido de la influencia del medio en el desarrollo de la homosexualidad, no soy tampoco partidario de la adopción por parte de parejas homosexuales (entre otras cosas porque es el hijo el que tiene derecho a tener unos padres que le ofrezcan los medios para desarrollar plenamente su personalidad, y entiendo que eso es favorecido por la presencia de un padre y una madre ni del empleo de lenguajes ni figuras jurídicas que puedan dar lugar a la confusión.

Cuando era estudiante de Derecho, aplaudí la aprobación de las normativas sobre parejas de hecho en la que se reconocían derechos de carácter social y sucesorio a parejas homosexuales… Encontré –y encuentro- que es de justicia cubrir esas lagunas… Pero cuando escucho a los ultras de uno y otro sentido peleando por el término matrimonio, tras recordar que la palabra no es la cosa y que el lenguaje debe servir para entendernos y no para confundirnos, acabo alineándome con quienes defienden el dar un nombre distinto a las uniones homosexuales para reconocer las diferencias existentes entre las parejas homosexuales y las heterosexuales… Diferencias que existen… Pese a quien le pese.

Quiero que las parejas homosexuales tengan una cobertura legal, quiero que puedan vivir su opción sexual con tranquilidad y respeto… Pero quiero que se llame a cada cosa por su nombre, y que no se utilicen las palabras para crear confusión. La palabra no es la cosa. Pero cada cosa tiene un nombre, y “matrimonio” no es el que corresponde a una unión estable de carácter homosexual… Diga lo que diga el Tribunal Constitucional. Aunque, para qué mentir, poco me importa lo que diga, no encuentro que sea sede de Autoridad ninguna… Picapleitos con altavoces mediáticos, chupatintas de la ley que olvidan a menudo que ésta, para ser justa, debe atender a nuestra naturaleza. Así nos va… A ver cuánto duran, ellos y la Constitución que tan alegremente interpretan.

Por Joaquín Muñoz Traver

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