EL INGRESO DE ANCIANOS EN RESIDENCIAS

En las antiguas civilizaciones, sobre todo en las romana y griega, los ancianos eran tenidos como uno de los patrimonios más valiosos de aquellas viejas sociedades. El anciano era generalmente reconocido y valorado como fuente de sabiduría y de respeto casi reverencial,  y se le tenía una alta estima y gran consideración. Los mayores ocupaban entonces la escala más alta dentro de la sólida y amplia estructura familiar, y también eran muy estimados y tenidos en consideración en el ámbito institucional. De hecho, en casi todos los antiguos regímenes democráticos de la antigüedad existía el llamado “Consejo de ancianos”, que solía desempeñar funciones consultivas y de asesoramiento a las distintas instituciones y que luego era oído y tenido muy en cuenta por los poderes del Estado, incluso en bastantes casos teniendo carácter vinculante y decisorio su sabio consejo, que normalmente estaba  basado en la amplia experiencia de la vida y en el saber popular. Los ancianos eran objeto de enorme respeto y consideración. A la hora de comer, por ejemplo, ocupaban un lugar preeminente y eran los primeros en serles servida la comida en la mesa. Recuerdo de niño que mi abuelo materno Julián Caballero en Mirandilla, tenía un sillón que ocupaba en casa el centro de la mesa-camilla, y a ninguno de sus hijos ni de la familia se le ocurría sentarse en él incluso ni siquiera cuando mi abuelo no estaba, pero no porque él así lo impusiera o lo exigiera, sino por el propio respeto que imprimía a todos el hecho de tenerle y considerarle hasta en su ausencia algo así como el patriarca familiar; y esto último ocurría no hace más de unos 60 años.

Hoy, sin embargo, la ancianidad está ya devaluada por completo. Salvo honrosas excepciones, la triste realidad que la vida actual nos ofrece es que los mayores, sobre todo los que no pueden servirse por sí mismos, en la mayoría de los casos se convierten en un estorbo para los hijos y la familia, que al no poder, o en otros muchos casos no querer atenderlos y hacerse cargo de ellos, con frecuencia terminan internándolos en residencias geriátricas o en centros de la tercera edad, en bastantes casos incluso en contra de su propia voluntad. Hay que reconocer, no obstante, que las Administraciones Públicas, ya sean la central, la autonómica o la local, vienen realizando una labor social digna de encomio con los mayores,  en cuyas residencias y centros públicos de la tercera edad, en general, priman sobre todo los intereses de los ancianos. Pero luego están las residencias privadas en las que prevalece bastante más el criterio lucrativo de rentabilidad de la gestión sobre la idea más tenue de servicio eficaz y de atención adecuada a los mayores.  Así, los medios de comunicación con frecuencia nos dan cuenta de demasiados casos de  mayores internados en residencias geriátricas que son objeto, no ya sólo de desatención y más o menos abandono, sino también de vejaciones y trato despiadado e indigno que deja bastante que desear; aun cuando también se den casos excepcionales que son modélicos en sentido contrario, es decir, en el buen trato y en el asistimiento ejemplar, humanitario y digno, tal como en justicia merecen.

Sin embargo, lo que a los ancianos más les duele es que en numerosos casos sea la propia familia – normalmente los hijos – los más interesados en deshacerse de ellos para así no tener que preocuparse directamente de su problema; no dándonos cuenta, quizá, que detrás de los que ahora ya son ancianos vamos luego los que estamos también llamados a serlo, y quizá entonces sea cuando nos demos cuenta - aunque posiblemente sea ya tarde - de la enorme injusticia que a veces cometemos los hijos con quienes un día dieron tanto por nosotros criándonos, mimándonos, sacrificándose por nosotros, siempre pendientes de que no nos faltara nada de lo mejor, con la mayor preocupación y con sus tiernos cuidados y desvelos. Incluso, en ocasiones, algunos familiares más allegados, valiéndose de la debilidad física y también mental que muchos ancianos padecen bien por su avanzada edad, por su deterioro físico que a todos nos tiene que ir llegando, o por enfermedad psíquica, pues los hijos suelen recurrir al ingreso forzoso de sus padres en centros geriátricos públicos o privados, sacándolos de su propio entorno familiar y patrimonial, como son su vivienda que normalmente habrá sido el recinto sagrado de su vida, sus pertenencias, sus recuerdos, sus costumbres, sus amistades y todo su círculo familiar y social.

Y el internamiento en tales centros privados se suele hacer en bastantes casos sin que medie petición previa de los mayores, sino a requerimiento de los propios familiares y a veces incluso por gente extraña al mayor, llegándose a pactar entre estos últimos y el centro condiciones de un verdadero régimen de internado forzoso, con restricciones a la libertad de visitas, o a la libre disponibilidad de sus propias cuentas de ahorro, o a las comunicaciones telefónicas o postales y sin que exista control judicial alguno, tal como en los casos de incapacitación civil se requiere. Por eso, quizá interese conocer que el ingreso de ancianos en residencias, ya sean públicas o privadas, necesariamente ha de ser por propia y exclusiva voluntad de los mayores, sin que su decisión personal pueda ser sustituida por la de ningún familiar y menos de persona extraña mientras tanto que la persona internada no esté incapacitado judicialmente para decidir libremente por sí mismo.

Mas, en todos los casos en los que previamente no haya existido la declaración judicial de incapacidad, existe, por el contrario, la presunción de que el anciano afectado goza de la plena capacidad de obrar y de decidir que le otorga el ordenamiento jurídico; y, de no ser así, el internamiento que sea forzoso automáticamente se convierte en detención ilegal como delito tipificado en el artículo 163 del Código Penal, del que no sólo pueden ser declarados responsables quienes promuevan tal internamiento forzoso sino también los responsables del centro geriátrico en el que contra su voluntad haya sido internado el anciano. Además, el internamiento forzoso, exige también que la medida adoptada lo sea en aras de un interés superior, cual es la salud mental del interesado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 211 del Código Civil. Y como quiera que el ingreso forzoso lleva aparejada la pérdida de libertad del interno, es necesario para decretarlo que el mismo padezca una deficiencia psíquica o enfermedad que le impida decidir por sí mismo, que en caso de remisión o mejora de la enfermedad deberá devolvérsele de nuevo la plena capacidad, en tanto en cuanto el mantenimiento de la incapacitación tras la mejoría suficiente experimentada lo convertiría en irregular. Es más, incluso si inicialmente se ha tratado de un internamiento querido por el propio interno en el momento en que se hallaba en plenitud de sus facultades, si luego llega a perder las facultades intelectivas y volitivas, para continuar en la residencia o centro de internamiento se hace necesaria la convalidación judicial, al transformarse entonces el internamiento que inicialmente fue voluntario en forzoso, siempre que la enfermedad sobrevenida impidiera al enfermo decidir por sí mismo. Por eso se hace necesario que en tales casos el centro donde esté internado se encuentre dotado de medios de tratamiento médico adecuados para poder aplicar al enfermo las terapias sanitarias que permitan medir y recuperar la capacidad, si ello fuera posible.

Hay que tener en cuenta que, según jurisprudencia reiterada y constante del Tribunal Supremo (SSTS de 10-02-1986 y 10-04-1987, entre otras) la incapacitación es una excepción al principio de presunción universal de la capacidad de obrar, cuyo acto jurídico produce la modificación absoluta o relativa del ser jurídico de la persona, sometiéndola a un régimen de limitación o reducción de su capacidad de obrar que afecta a su estado civil; de tal manera que, mientras no haya recaído sobre una persona una resolución judicial que haya declarado la incapacidad, su capacidad natural para obrar se tiene siempre por capacidad plena, sin restricción ni limitación algunas, aun cuando existan indicios racionales fundados de disminución psíquica que afecten a su consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 199 del Código Civil, hasta el punto de que el ingreso forzoso de un anciano, a instancia de su familiar, en un centro o residencia geriátrica, aun cuando el mismo careciera de capacidad de entendimiento y de decisión, adolecería también de irregularidad si el internamiento no hubiera sido autorizado o convalidado por la autoridad judicial competente. Y si el internamiento forzoso lo hubiera sido por prescripción médica por razones de urgencia, siempre que el mismo hubiera tenido lugar contra la voluntad del paciente, el facultativo que lo decidiera tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del Juez en el plazo de 24 horas, con un informe en el que quede reflejado el diagnóstico y el tratamiento.

De todo lo expuesto se concluye, que no se puede ingresar a un anciano en ningún centro geriátrico o residencia para la tercera edad en contra de su voluntad, y ni siquiera pueden disponerlo los familiares más allegados, tal como en bastantes ocasiones suele ocurrir, sobre todo, en épocas vacacionales u otras fechas indicadas en las que su pleno disfrute suele estar condicionado por la presencia de mayores a cargo que no pueden valerse por sí mismos y que necesitan de las atenciones y los cuidados de otras personas. Y todo ingreso forzoso de cualquier anciano en tales centros de internamiento sólo puede decidirlo el Juez competente del lugar, previo conocimiento de la precariedad física o de la capacidad de obrar, o también mediante procedimiento promovido por el Fiscal que tuviere conocimiento de la manifiesta incapacidad, como garantes que ambos administradores de justicia son de los derechos de las personas, sobre todo de las más necesitadas, y de la protección y tutela judicial efectiva. Por favor, respetemos y cuidemos a los mayores, que bien merecido se lo tienen; más detrás de ellos vamos ya luego nosotros, y nos acordaremos.

Por Antonio Guerra Caballero

EL RESENTIMIENTO

Reseña Literaria: "TIBERIO", de Gregorio Marañón.

Gregorio Marañón ha sido uno de los intelectuales españoles más reputados de todos los tiempos. Al compaginar su brillante actividad profesional como médico, con su incursión en la política, en la literatura, el ensayo y su faceta de historiador, nos encontramos ante uno de los autores más interesantes que puede leer un directivo.

En su libro "vocación y ética" el galeno nos habla de la importancia de encontrar la verdadera vocación para trabajar en un ámbito en el que disfrutemos. Analiza la timidez en su obra "Amiel", profundiza en la cuestión del poder en "El conde duque de Olivares" y en su biografía de "Antonio Pérez" el famoso traidor valido de Felipe II.

El libro que nos ocupa "Tiberio" estudia la cuestión del resentimiento tomando como hilo conductor la vida del famoso emperador romano Tiberio. Una persona resentida con poder es lo peor que le puede suceder a una empresa, a veces identificamos al envidioso, al egoísta, al ambicioso, al ejecutivo sin escrúpulos dispuesto a todo por llegar a la cima, pero ¿sabemos identificar a un resentido?¿Conoces la fórmula para lidiar con él?.

Como decía Unamuno "...entre los pecados capitales no figura el resentimiento y es el más grave de todos, más que la ira, más que la soberbia".

El resentido es siempre una persona sin generosidad, es un ser mal dotado para el amor, y por lo tanto un ser de mediocre calidad moral, afirma don Gregorio en el prólogo. Marañón profundiza en este ensayo en la cuestión de la inteligencia del resentido, a su juicio no suele ser una persona muy inteligente, pero "el mayor contingente de los resentidos se recluta entre individuos con el talento necesario para todo, menos para darse cuenta de que no alcanzar una categoría superior a la que han logrado no es culpa de la hostilidad de los demás, sino de sus propios defectos".

Otros temas analizados en el libro son: la relación entre timidez y resentimiento, la antipatía como impronta característica del resentido y sobre todo la actitud del resentido triunfador. A este respecto dice Marañón" el resentimiento es incurable y cuando triunfa el resentido empeora, esa es la razón de la violencia vengativa de los resentidos cuando alcanzan el poder".

Por Martín Hernández-Palacios

SUPERARSE: UNA EXIGENCIA HUMANA

Frithjof Schuon, verdadera eminencia en cuestiones de tan alta relevancia como la espiritualidad y la ciencia comparada de las religiones, uno de los más autorizados representantes de la Filosofía Perenne o Sabiduría Universal en el siglo XX, nos brinda una reflexión que deberíamos tener muy en cuenta a la hora de orientar y proyectar nuestra vida.

“El hombre no es enteramente él mismo más que superándose” (l’homme n’est entièrement lui-même qu’en se dépassant), afirma Schuon, quien explica que, por su naturaleza espiritual, el hombre está predestinado -o condenado, si se quiere- a superarse, a trascenderse, a elevarse por encima de sí mismo. De forma sumamente paradójica, añade Schuon, “únicamente superándose es como el hombre se sitúa en su propio nivel”; pues, de forma no menos paradójica, “rechazando el superarse se sitúa por debajo del animal”. En este sentido, no cabe la menor duda, de que “el animal noble es superior al hombre vil”.

En la misma línea se expresa el filósofo español José Luis Aranguren. En un breve escrito sobre el Humanismo, y recogiendo una idea expuesta por Karl Jaspers, Aranguren escribe: “un análisis filosófico preciso descubre pronto que ser hombre es sobrepasarse sin cesar”. Por eso, frente al humanismo inmanentista o ateo, como el de Sartre o el del marxismo, “hay que afirmar el dépassement perpétuel de l’hommeant”. Y este dépassement, esta superación o este ir más allá, debe entenderse en un doble sentido: 1) “que sus posibilidades están siempre abiertas”, y 2) “que su posibilidad suprema consiste en desembocar en la Trascendencia”. Aranguren termina diciendo: “El análisis del hombre remite a un fundamento y una culminación que están más allá de él. En el hombre hay más que el hombre”.

Por Antonio Medrano

HUMANIDADES ¿PARA QUÉ?

Por su interés, reproducimos el acertado artículo del Profesor Edgar Morales Flores, publicado en su blog ATOPÍA. Gracias por tu amable contribución, Edgar.

HUMANIDADES ¿PARA QUÉ?

Hubo un tiempo en el que las ideas de “hombre” y de “humanidad” solían poseer un halo solar y una dignidad que, siguiendo los diagnósticos del florentino Giovanni Pico della Mirandola, merecían el respeto de los ángeles, los demonios y de Dios; el humanista, vigía de las letras y las artes, era tenido como modelo universal, incluso como privilegiado sujeto al que frecuentaban musas y dioses. Varios siglos nos separan de esa emblemática Edad de Oro que ahora se antoja anticuada y cursi, y esto es porque hemos nacido, crecemos y existimos en medio de un desierto, no sólo Dios ha muerto, también el hombre y sus ideales, así que ¿por qué no sepultar de una vez por todas el cadáver y despedir a sus mórbidos embalsamadores? ¿O acaso existe siquiera un valor en la manutención de labores que giran alrededor de lo humano? ¿Por qué motivo habría que aplicar técnicas de resucitación al que yace sepultado como paria bajo los desechos de la sociedad de mercado?

La intuición que guía este pequeño texto, motivado tras la lectura del último libro de Martha Nussbaum: Not for profit. Why Democracy Needs The Humanities (Princeton University Press, 2010), radica en la convicción de que sí existen urgentes motivos para emprender el rescate de las actividades profesionales destinadas a la aprehensión de “lo humano”, i.e. las humanidades. A lo largo y ancho del planeta observamos un creciente desinterés por parte de diversos tipos de instituciones educativas, públicas y privadas, en invertir en aquello que históricamente nos ha definido, desde las entrañas, como seres humanos.

Doquier encontramos el mismo mecanismo, no importa si se trata de un modesto colegio o una gran universidad, ante la mínima provocación, ante la más estólida coyuntura financiera, sus autoridades castigan o retiran los recursos otrora destinados a las artes y las humanidades. Son tiempos en que las campanas que congregan voluntades se yerguen en los mercados y en los bancos, por eso no resulta extraño atestiguar que los razonamientos (sic) de múltiples autoridades escolares indiquen una servil obediencia al presentismo financiero. Sin duda, en situaciones de crisis económica, también son castigadas otras áreas, pero el asombro concerniente a la marginación de las humanidades radica en que ellas portan significados irrenunciables para todo aquel que desea no ser absorbido del todo en una maquinaria que sólo necesita engranes y tuercas sin humanidad. El pandemonio mercantil ha mostrado ya su capacidad de transformar a los ciudadanos en zombis displicentes, ajenos los unos a los otros, obedientes sólo a la implantada compulsión de producción de riquezas obtusas.

Si la reflexión sobre lo humano muere para siempre, si persiste la tendencia mórbida que hoy ataca a las humanidades, llegará el momento en el que no existirá ciudadanía crítica, y el ideario de las democracias, que se desean útiles más allá de los pragmatismos políticos y que se desean significativas para la construcción de mejores sociedades, habrá fracasado. No importa si las naciones logran sus metas macroeconómicas, si las riquezas se invierten en la cosificación del hombre estaremos construyendo una cultura sin espíritu, miope y dócil a los poderes que fortalecen la lógica ensimismada y perversa del dinero por el dinero. Ahora bien, cabe preguntarnos: ¿deseamos realmente vivir en un mundo así?

Existen modelos anticuados de desarrollo económico que actualmente son seguidos con espíritu dogmático por diversos gobiernos, incluido el panista mexicano, en tales modelos sólo importan los resultados macroeconómicos, no hay en ellos una vinculación comprometida y explícita con el mejoramiento de la calidad democrática, por ello en tales esquemas la calidad de vida, la apropiación ciudadana de su humanidad, sólo pasa por cifras y no por significados. Estos economicismos ostentan falacias que deben ser desmanteladas, nótese especialmente la falacia que asume que la sola producción de riquezas puede garantizar la calidad de vida de los ciudadanos (no fue así en medio del desarrollo económico sudafricano en los tiempos del Apartheid, y no ha sido así en el actual, y asombroso, crecimiento económico de China bajo un gobierno incapaz de lidiar democráticamente con sus disidentes).

Si bien las humanidades no sirven para generar riquezas (aunque varias veces lo hayan hecho en la historia), sí sirven para dignificar la existencia pues están implicadas en la calidad de vida de las personas, en la educación requerida para la construcción de un mundo solidario y en la generación de valores democráticos. Así pues, si queremos sociedades constituidas por ciudadanos críticos y sensibles, sería absurdo entregarse a esta inercia mortuoria que conduce al precipicio el cuerpo herido de las humanidades.

Los fines educativos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos supone como obligatorios en toda nación entrañan el desarrollo integral de la personalidad en un clima de comprensión, libertad y tolerancia, y si bien las humanidades son un universo complejo y extremadamente variado (en donde incluso pueden ser halladas posturas antihumanistas), es irrefutable que aquellas son las principales promotoras del pensamiento crítico requerido en la formación integral de personas que se desean libres.

Debe quedar claro que las autoridades educativas incurren en un grave error al marginar la formación humanística haciéndola accesoria, o inexistente, y al suponer que comporta una carga inútil ante la prioridad de una educación que mira hacia la inserción laboral remunerada, y es que dichas autoridades son incapaces de conciliar los imperativos de la vida cotidiana con la orientación existencial que proporcionan las humanidades, y así condenan a sus estudiantes al liliputismo de la mera obtención de habilidades y destrezas instrumentales. Nussbaum afirma que “las democracias, alrededor del mundo, están siendo negligentes al despreciar el desarrollo de habilidades que son realmente necesarias para tener una democracia viva, consciente y responsable”[1], tales habilidades conciernen al razonamiento correcto, la argumentación clara, la autocrítica y las capacidades empáticas.

John Dewey, en su conocido libro Democracia y educación, había planteado un modelo pedagógico “socrático” en el que no cuenta la autoridad con la que se embiste un sujeto para hacer válidos sus argumentos, en dicho modelo sólo cuenta la calidad de la argumentación entre iguales. El modelo socrático de educación, seguido también por Nussbaum, asigna a la formación filosófica una tarea educativa y política de primerísima importancia: la promoción de sujetos críticos y autónomos, capaces de oponerse a manipulaciones ideológicas, no importando cuán arraigados estén los prejuicios y las creencias erróneas en la opinión pública.

El profesional de la filosofía posee, visto en esta perspectiva, una responsabilidad irrenunciable e intransferible, y así sucede con los demás profesionales de las humanidades, por ejemplo, en el ámbito de la formación artística es bien sabido que la sensibilización de los estudiantes no es fruto de un golpe emotivo sino de un arduo proceso en el que se involucra al estudiante en una alquimia emocional análoga a la vivida en la infancia en el seno familiar, y es que las emociones son entidades permanentemente educables. De ahí la confianza en que problemas sociales tan severos como la xenofobia puedan ser contrarrestados mediante programas adecuados de educación artística, programas que permitan el descentramiento del egotismo cultural y la apertura afectiva.

Las humanidades y las artes pueden así ser consideradas como las promotoras de sociedades genuinamente democráticas, pues sin ellas se tornan irresistibles las visiones parciales y dogmáticas, la cosificación del ser humano y la evasión de las responsabilidades morales en la construcción de una ciudadanía con conciencia de alteridad. Debemos aprender de los grandes humanistas la lección que consiste en no guardarse para sí el talento que les era propio, no importando si la comunicación de sus logros comportara o no una ganancia económica. De esta manera imaginemos lo ridículo de la escena de un humanista haciendo cálculos mezquinos sobre lo que va a invertir y lo que va a ganar económicamente. Si tal escena nos parece repugnante ¿por qué permitir que el mezquino sí lo haga con la obra del humanista? La humanidad tiene una deuda enorme con sus literatos, sus filósofos, sus historiadores, sus artistas, sus juristas… y tal deuda no puede ser saldada con la mera inclusión de materias del tipo “Ética para empresarios”, “Liderazgo y valores” u otras por el estilo. Es a todas luces una injusticia cultural mantener en ese fondo de parias a los humanistas y pretender, en el mejor de los casos, pagar la deuda con ficciones pedagógicas que presentan a las humanidades como dimensiones transversales (sic) en las nuevas currículas.

En síntesis, podemos dejar que las humanidades sean sepultadas por la basura de una cultura filistea, y someternos a un destino inhumano e insignificante (por no invocar los peligros de una sociedad totalitaria y criminal), o modificar nuestra actitud hacia ellas y tratar de revertir los daños que las sociedades se han infligido a sí mismas privándose del oxígeno que hace humanos a sus ciudadanos.

Por Edgar Morales Flores. Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO

LECLERCQ Y LA JERARQUÍA DE LOS VALORES

" Cuando Descartes tuvo el sueño profético que decidió su vocación estaba practicando lo que llamamos en nuestros días una dulce «flema». Y Newton debajo de su árbol, y Arquímedes en su baño. Y cuando Platón platicaba con sus amigos en los jardines de Academos no practicaba lo que nuestro siglo llama vida intensa. ¿No son sus diálogos pura morosidad?

No; no es corriendo, no es en el tumulto de las gentes y en el apresuramiento de cien cosas atropelladas como se reconoce la belleza y como florece ésta. La soledad, el silencio, el reposo, son necesarios para todo nacimiento, y si alguna vez un pensamiento o una obra de arte surgen como un relámpago, es que ha habido antes una larga incubación de morosidad" . Jacques Leclercq

El filósofo belga Jacques Leclercq, que podemos conceptuar como destacado humanista católico, nos ofrece en su libro “Diálogo del hombre y de Dios” unas lúcidas reflexiones sobre la importancia de reconocer y respetar la verdadera jerarquía de los valores, teniendo en todo momento presente la primacía de los valores espirituales sobre los valores materiales.

Leclerq advierte que si la civilización se ve hoy día seriamente amenazada, corriendo el peligro de perecer, es porque se ha despreciado los valores espirituales, que son los más importantes para el ser humano, relegándolos a un segundo plano y supeditándolos a los valores materiales, con una completa inversión de la correcta jerarquía; es porque “se ha dado una importancia demasiado exclusiva a los económicos, es también por falta de una concepción justa del lugar de las cosas”.

El gran intelectual belga nos recuerda que “la medida del hombre es la de las cosas en que se transforma, al unirse a ellas”, pues “cuando el hombre se une a una cosa, se vuelve ella, o ella se vuelve él”. Y en este sentido, hay que tener en cuenta que “el hombre se embrutece si se vuelve una cosa inferior a sí mismo”, como ocurre cuando se deja absorber por los intereses, tendencias e inclinaciones carnales o materiales. Basta recordar, por ejemplo, “la penosa impresión que causan esos hombres para quienes la vida se reduce al amor carnal, o a comer y beber”. El hombre, por el contrario, se eleva y gana en grandeza “cuando se absorbe en una búsqueda espiritual, y esa grandeza aumenta a medida que el valor espiritual buscado se aproxima a lo Absoluto”.

Los valores materiales son necesarios para la vida, hay que saber valorarlos y apreciarlos, pero no hay que olvidar nunca su carácter subordinado a valores de rango superior, mucho más decisivos para la vida humana.

Leclerq lo expone con magistral claridad: “Debemos asimilarnos los valores materiales para servirnos de ellos y desarrollarnos gracias a ellos. El alimento, el dinero, el desarrollo muscular, son todas cosas de que debemos servirnos sin someternos a ellas. Cuando el hombre se deja esclavizar por esos valores, cuando se lo subordina, cuando permite que ellos se vuelvan su guía en lugar de ordenarlos a sí mismo, el hombre se envilece.

Por el contrario, se engrandece cuando se somete a los valores espirituales. Debe someterse a lo verdadero, a lo bello, a lo bueno; debe olvidarse de sí ante esos tres valores. El hombre crece en la medida en que se absorbe en lo universal, en que, olvidándose a sí mismo, deja tomar su vida, todo su ser, por esos valores espirituales que no son en realidad sino teofanías  --formas en las cuales se nos manifiesta Dios--, que a Él nos llevan, y las cuales no comprendemos exactamente sino en la medida en que vemos en ellas a Dios y en que vemos la identidad de esos universales trascendentales con el Ser trascendental que es Dios”.

Por Antonio Medrano

POLÍTICOS CON MÍNIMOS: HACIA LA EXCELENCIA EN LA POLÍTICA

" Para hacer política sana y justa no basta conocer a los hombres; es necesario también amarlos".
Arturo Graf

En España, para despachar comida en cualquier establecimiento te piden el carnet de manipulador de alimentos; para llevar a unos niños al campo, el título de monitor de tiempo libre; el bachillerato para la mayoría de los puestos públicos; un examen para acceder a la universidad; nadie conduce, pilota o navega sin licencia; para pescar una trucha necesitas un permiso; no puedes matar un conejo sin haber superado un test psicotécnico y difícilmente entras en una empresa sin un mínimo currículo. Lo sorprendente es que para ser diputado, ministro o presidente del Gobierno apenas se exija nada.

Así, de acuerdo con la Ley 50 de 1997, “Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme”. Y nada más. ¿A cuántos empleos públicos o privados, se podría aspirar únicamente con esos requisitos? ¿Quién aceptaría que un puesto de responsabilidad estuviera en manos de alguien al que no se le exige una mínima cualificación, formación, capacidad o experiencia?

Con frecuencia y cada vez más, nuestra sociedad esta liderada por verdaderos indocumentados que, en el colmo del cinismo, nos exigen papeles, permisos, licencias y titulaciones para todo y a todos los demás ciudadanos. Unos indocumentados que nos obligan a demostrar nuestras capacidades en casi todos los ámbitos, antes de que se nos permita hacer casi cualquier cosa en la vida y lo que es más grave, antes de que ellos hayan demostrado previamente las suyas.

Con todo, lo peor no es su cinismo o la contradicción que ello supone; tampoco la cerrazón, la estulticia de que hacen gala, o el elemental nivel cultural que a veces demuestran. No; lo peor, salvo algunas contadas excepciones, es que además carecen de cualquier atributo moral o del más mínimo sentido de la responsabilidad o el deber. Como recuerda Marco Tulio Ciceron “No hay, pues, vicio más repugnante que la avaricia, sobre todo en la gente principal y en los que gobiernan la República. Desempeñar un cargo público para enriquecerse no es solamente vergonzoso, sino también impío contra la patria y sacrílego contra los dioses”, para luego continuar diciendo “Los que gobiernan un Estado no tienen medio mejor para ganarse fácilmente la benevolencia de la multitud que la moderación y el desinterés” –señalando acertadamente lo que hoy en día suele ser la excepción-. Y éste es, precisamente, el verdadero drama en el que estamos sumidos y de ello se derivan, prácticamente, todos los demás problemas de nuestra sociedad. No sólo eso, sino que en esas condiciones, la legitimidad moral de nuestros gobernantes para liderar y para exigir cualquier tipo de cualificación al resto de ciudadanos es más que cuestionable.

Un drama y una aberración que nos ha llevado a olvidar que las leyes, las normas y las regulaciones deberían estar al servicio de lo que verdaderamente importa… y no lo que verdaderamente importa al servicio de todos esos códigos. Y es que en ausencia de valores, principios inspiradores y una verdadera moral, todo ese papel únicamente sirve -y malamente-, para limpiar las babas a pseudo-políticos y codiciosos de toda índole, y el trasero de quienes se arrastran ante ellos, bajo su engreída mirada.

Cuando a nuestra sociedad le interesa regular algo, lo regula. Tiene los medios para poder hacerlo. El problema es que ello depende de quienes tienen la obligación y el deber de legislar, de forma que muchas veces lo hacen –o dejan de hacerlo- a su antojo, o exclusivamente en función de sus intereses particulares. Sólo así se explica que con toda esa capacidad para tasar, ordenar, formalizar, administrar, dirigir y exigir  –a veces claramente excesiva e intimidatoria-, se hayan olvidado de regular adecuadamente lo más elemental: las cualidades, atributos, características, formación, experiencia y mínimos que debería tener cualquier miembro del Gobierno y por descontado, el mismo Presidente.

Si los políticos quisieran, no existiría el más mínimo problema para legislar sobre el tema, de manera que ello pudiera contribuir a dotar a los sucesivos gobiernos y cargos de dirección del Estado de unos mínimos exigibles. Y si bien ello no constituiría una verdadera garantía –tampoco un carnet de conducir, un título universitario o una licencia de caza lo son y sin embargo se exigen-, al menos supondría que los candidatos cumplen con unos mínimos requisitos.

En este sentido, el debate podría ser tan amplio como quisiéramos. Empezando por la necesidad o no de poseer un título universitario, hasta que se exigiera un determinado número de años de experiencia en la función pública o simplemente la necesidad de hablar algún idioma adecuadamente y en particular el inglés. Por descontado, todo ello podría ser motivo de discusión y habría opiniones de diferente índole. Sin embargo, hay tres aspectos exigibles a cualquier aspirante a un cargo político, que deberían tener un amplio y fácil consenso:

1º - Superar una serie de exámenes psicotécnicos y grafológicos. Ello minimizaría el riesgo de admitir en el Gobierno y en puestos relevantes de la Administración a inmaduros, personas con conflictos de personalidad, emocionalmente inestables o con desórdenes de tipo psicológicos o morales.

2º -  Demostrar una experiencia mínima en puestos de responsabilidad. Aquí el criterio podría ser variable según el cargo, pero sería muy razonable exigir un mínimo de dos a cinco años de experiencia, algo absolutamente normal en el mundo empresarial para cualquier puesto de dirección.


3º - Manifestar, por escrito y de forma pública, cuál o cuáles son los principios, motivaciones o valores que le inspiran, comprometiéndose a actuar en todo momento guiado por esos criterios y por encima de cualquier coyuntura política. Por descontado, esos principios deberían estar inspirados en los dos grandes axiomas universales, la inteligencia y el amor y nunca podrían ser contrarios a los valores esenciales: el bien, la verdad y la belleza y el compromiso implicaría la obligación de abandonar el cargo, en caso de que en algún momento fueran incumplidos o traicionados dichos principios.

    A los anteriores puntos, que en realidad constituyen una revisión del candidato previa a su elección para un puesto público de relevancia, se sumaría un examen posterior, a modo de valoración de su ejercicio en el cargo. De este modo, en caso de flagrante dejación de funciones o de haber incurrido en importantes irresponsabilidades, se podría retirar la asignación vitalicia que muchos cargos llevan anejos, o incluso exigir las correspondientes responsabilidades legales, tanto por la vía civil, como por la vía penal. Todo esto no es nuevo y ya en la Atenas de Pericles (siglo V a.C.) se hacía algo parecido.

    Planteado en estos términos, no debería existir mayor problema para alcanzar un consenso sobre estos puntos, ya que en ellos únicamente se exigiría que los gobernantes fueran personas mentalmente sanas y emocionalmente estables, con una experiencia mínima en puestos de responsabilidad y sobre todo, con una moralidad sometida a los valores esenciales. Además, en caso de flagrante negligencia, se les podría llegar a retirar la pensión vitalicia e incluso, en los casos más graves, incurrir también en una responsabilidad legal. Sinceramente, no creo que nadie pudiera oponerse a esta forma de regular la política y si lo hiciera, sería cuando menos preocupante y para pensárselo dos veces antes de darle nuestro voto o de concederle un cargo de responsabilidad en el Gobierno o en la Administración de un estado.

    A partir de ahí, probablemente tendríamos mejores líderes y sin duda estarían más motivados –la posibilidad de perder un sueldo vitalicio o terminar en la cárcel no es pequeño acicate-, que por fuerza contribuirían a crear sociedades más justas, con una mejor convivencia y en donde los problemas serían menores o de otra índole. Líderes que pasarían del ejemplo –no siempre adecuado- a la ejemplaridad –necesariamente excelente-.

Si somos capaces de regular todo aquello que nos interesa y de exigir o fomentar la excelencia en otros ámbitos, no se entiende que aquello que constituye el origen de cualquier otra ordenación y que más directamente afecta a nuestra vida en sociedad, siga sin estar mínimamente regulado. Trasladar la excelencia al mundo de la política debería constituir uno de los principales objetivos de nuestra sociedad y la mejor forma de hacerlo es empezar por exigir a nuestros políticos unos requisitos mínimos. Es algo tan fácil de comprender, como de implementar… pero para ello hace falta que nuestros políticos quieran y no tengan más remedio que hacerlo y el mejor camino para conseguirlo es que el resto de la ciudadanía –toda en su conjunto- exija de manera urgente ese cambio y no admita que pueda ser de otra manera.

Quienes dirigen nuestra sociedad no sólo tienen que ser ejemplo a imitar, sino que de ninguna manera pueden ser indignos representantes de aquellos que les han otorgado su confianza, o incumplir con la enorme responsabilidad que conlleva ese liderazgo. Ya es hora  de que aprendamos a discernir que los valores éticos y morales deberían estar por encima de lo que decide o prefiere la mayoría en un momento dado,  pues el hecho de que algo o alguien sea democráticamente elegido, por sí solo no constituye garantía alguna en lo que respecta a  esos principios ineludibles y ni siquiera, hoy por hoy, implican cualidad, conocimiento o valor alguno, más allá de la habilidad para haber sido elegido frente a otras opciones, cuya valía también puede ser nula. Establecer esa distinción  y separar esos conceptos, resulta esencial para la supervivencia de nuestra sociedad, pues como escribía Lucio Anneo Séneca: “En nada hemos de poner mayor empeño que en no seguir, según acostumbran las ovejas, al rebaño que va delante y que caminan, no por donde se debe ir, sino por donde va todo el mundo. Porque ninguna cosa nos proporciona mayores desgracias que aquello que se decide por los rumores: convencidos, además, de que lo mejor es aquello que ha sido aceptado por la mayoría de las gentes, y de éstos tenemos muchos ejemplos; vivimos no según nos dicta la razón, sino por imitación”.

Ya va siendo hora de que los ciudadanos dejemos de imitar y empecemos a razonar... Y pocas cosas hay más próximas a la razón que instaurar la excelencia en la política y hacer de la vida pública algo verdaderamente ejemplarizante, pues de ella depende la ordenación de nuestra convivencia en sociedad, nuestro presente y nuestro futuro.

Por Alberto de Zunzunegui

CORRUPCIÓN Y MORAL

Por su interés y por ser un tema que -lamentablemente- sigue estando de plena actualidad y directamente relacionado con los valores elementales, reproduzco el texto que me remite Antonio Guerra Caballero, a quien además agradezco su generosidad, su profunda humanidad -patente en sus artículos- y su amable colaboración con este foro.

CORRUPCION Y MORAL

Ya adelantaba en mi artículo de fin de año que uno de los aspectos que más ha caracterizado el 2009 que acaba de finalizar es, además de por la enorme crisis y paro en que nos ha dejado sumidos, también por la desenfrenada corrupción que se ha detectado y que tenemos que soportar. Por sólo citar algunos casos, ahí están flagrantes los más recientes de Santa Coloma de Gramanet, Badalona, San Andrés de Llavaneras, Valencia, Madrid, Sevilla, Estepona, El Ejido, Almogía, Castro del Rey, Fuenlabrada de los Montes, Boadilla,  etc. Y, a la vista de los numerosos casos que con tanta frecuencia saltan a los medios de comunicación, está claro que no se trata de fenómenos aislados o anecdóticos, sino que estamos en presencia de hechos delictivos imputados que, en menor o mayor medida, afectan a militantes de todos los partidos y a la gran mayoría de las  Comunidades Autónomas (CC.AA.), a pesar de que los ciudadanos de a pie nos enteramos sólo de los que se descubren, pero no de los muchos que no salen a la luz pública y que quedan impunes.

La corrupción es un fenómeno que suele darse, sobre todo, en las Administraciones Autonómica y Local, y que está relacionada más bien con el Urbanismo en general, estando implicados en causas judiciales algunos presidentes y ex presidentes de CC.AA., consejeros, ex altos cargos, alcaldes, concejales, etc. Por algo será que las concejalías y demás cargos que tienen atribuidas competencias relacionadas con la construcción, terrenos urbanos, urbanizables, su recalificación, etc, son tan codiciados que tanto se los disputan los distintos partidos cuando gobiernan en coalición; y es que eso de procurar el propio beneficio sirviéndose de la política es una de las cosas que es común a algunos políticos de todas las tendencias. Y nuestro país ha pasado ya a ocupar el deshonroso puesto número 32 en el ranking de prácticas corruptas, con pérdida últimamente de cuatro puestos, según  reciente estadística internacional que se ha publicado.

Lo más paradójico de la corrupción institucional, o casos en los que están implicados titulares de la representación popular, es que el representante (alcalde, concejal, etc), debe actuar en teoría en beneficio de sus representados (el pueblo que les vota, porque confía en ellos y les confiere el título representativo: el escaño); pero, en la práctica, una vez que ya obtiene el poder por su mera colocación en la lista del partido al que se vota - la mayoría de las veces en puesto adjudicado directamente a dedo en función de la sumisión o sintonía con el líder y rara vez por mérito o capacidad - pues lo ejercen no sólo a espaldas de quienes les han conferido con su voto la representación, sino también actuando en muchos casos contra los intereses de sus representados o de la comunidad a la que sirven (más bien que deberían servir), con el agravante de que, además de aprovecharse del poder de representación para satisfacer sus propios intereses privados, incumplen el verdadero mandato de representación recibido, traicionan la confianza que los poderdantes le han depositado y la del propio partido que les ha incluido en las listas; eso si no lo traicionan convirtiéndose en tránsfugas.

Luego, la representación política tiene como característica que el representante es aquél cuyos actos son imputables a la comunidad que vive bajo su jurisdicción y en que la colectividad representada, en virtud de esa representación, ha de acatar luego las órdenes emanadas de quien la representa. Esa es el sistema representación política en la idea de Hobbes, Weber, Schimiltt, Maquiavelo, etc, incluso en las democracias. Y tal forma de representación favorece tanto al representante político, como que le basta con ganar en cada legislatura el escaño y, prácticamente, puede luego olvidarse de sus representados hasta dentro de cuatro años. Es decir, el poder de representación no se le puede retirar por sus otorgantes hasta las próximas elecciones, contrariamente a como sucede en la representación jurídica que se otorga en virtud del Derecho Civil, donde el mandante puede desautorizar y retirar el poder de representación a su apoderado en cualquier momento. Por eso, debería de articularse algún mecanismo de control por los ciudadanos que les permitiera hacer un seguimiento de control sobre la idoneidad en el ejercicio de la representación conferida, junto con los demás controles tanto institucionales como internos de los partidos. Y también a dicho representante se le debería hacer depender más del representado, y no del dirigente que elabora las listas de candidatos en función de su carnet, simpatía, afinidad o fiel obediencia, como acertadamente ha venido recientemente a decir el Presidente del Congreso. Siendo así que, a mi modo de ver, urge la revisión de la actual Ley electoral y las formas de representación popular, de cara a un mejor servicio de los políticos a la sociedad.

Precisamente, en base a lo perjudicial que puede resultar para los electores el otorgamiento de tal representación cuando el representante político se aparta del mandato recibido y utiliza el poder en su  provecho, ya los clásicos filósofos griegos daban pautas del comportamiento moral que debían observar quienes se dedicaran a la “cosa pública”. Platón decía en su “República” que: “El gobernante no está para atender a su propio bien, sino al de los gobernados”. Y que “los hombres de bien no deben estar dispuestos a gobernar ni por dinero ni por honores”.  En el Libro VIII, 550 a, y 546 a, añade sobre la oligarquía: “La riqueza almacenada destruye a los gobernantes que empiezan por inventarse nuevos modos de ganar y gastar dinero y llegan a violentar las leyes. Cuando en una ciudad se admira a la riqueza y a los ricos, se menosprecia la verdadera virtud y a los buenos”. En el 520 a y s: “El mejor Estado es aquél en el que menos anhelan gobernar quienes han de hacerlo”. También Platón y Aristóteles proclamaban que: “La política y la moral deben ir siempre unidas, y nunca separadas”. Y más tarde Kant propugnaba el “deber por el deber”, es decir, lo que se debe hacer hay que hacerlo por obligación, pero sin esperar nada a cambio, y reprobaba todo ejercicio del deber que tenga por objeto intereses particulares bastardos o espúreos. 

Lo anterior viene inequívocamente a decirnos que quienes ejercen la representación pública deben actuar siempre para la comunidad, obrando con justicia, satisfaciendo el interés general y el bien común, pero jamás para hacer del poder su propio y particular enriquecimiento. Y los políticos y todos los que ejercen funciones públicas deben de estar al servicio de los ciudadanos, que en realidad son quienes les pagan, pero nunca éstos al servicio de aquéllos; deben también administrar de forma legal, responsable, diligente y austera los recursos que le son confiados. Pero,  lamentablemente, cada vez son más los casos en los que la realidad de los hechos se encarga de tirar por tierra las sabias teorías y los principios morales de los antiguos filósofos, de donde trae su origen la auténtica democracia. De esa forma, qué duda cabe de que la gran mayoría de los sufridos electores consideramos la corrupción institucional como algo de todo punto bochornoso, sonrojante, odioso y aborrecible, siendo mucho más reprobable que la corrupción privada, a pesar de todo lo impresentable, detestable y nefasta que también ésta es. Y, ciertamente, tal proceder de algunos desaprensivos titulares de la representación popular llega a sembrar una preocupante alarma social. 

En bastantes casos, los contribuyentes se quedan perplejos, atónitos y desconcertados. No aciertan a entender qué es lo que está pasando y cómo puede ser que con tanta frecuencia y con tanto desmán el dinero con el que contribuyen luego tantas veces aparezca desviado hacia el enriquecimiento de unos pocos de esos que, teniendo por misión la defensa de los intereses de los que representan, luego traicionan su confianza. Durante las elecciones, a todos los candidatos se les llena la boca ofreciendo lo mejor y la solución de todos los problemas; pero algunos en cuanto alcanzan el poder les falta tiempo para enzarzarse y pelearse entre sí, culpándose unos a otros de lo mismo que luego cada uno de ellos hace. Muchos electores dan ya muestras de cansancio, desinterés, aburrimiento y hartazgo hacia la “res pública”, y ello explica que en cada nuevas elecciones la abstención sea mucho mayor, pese a que el voto es el derecho con el que los ciudadanos más expresan su voluntad en libertad; y es que hay muchos electores que piensan que para qué se van a molestar, si todo va a seguir igual. Y lo peor es que la gente ya empieza a tener por iguales a todos los políticos; la idea de corrupción generalizada se magnifica, se exagera y hasta se llega a pensar en que la  mayoría están contaminados. Y si bien es cierto que hay demasiados políticos imputados por presunta corrupción, no lo es menos que todavía quedan muchos más que son probos, honrados y ejemplares servidores públicos que a diario se afanan en la lucha por el bienestar general de la comunidad y en defensa de los intereses colectivos. Me consta que hay mucha gente que está en política aun perdiendo dinero, por vocación, por estar al servicio de los demás y por creer, convencido y de buena fe, que lo que hace es muy digno y honrado. Lo que ocurre es que por los pícaros y descarados suelen pagar luego los justos y honestos.

Es por ello, que algunos políticos desaprensivos deben concienciarse, muy seria y responsablemente, de que la corrupción hiere la dignidad de la ciudadanía y afecta a la propia esencia de los valores democráticos. Y es también necesario que la sociedad condene y haga el vació a los corruptos, porque su conducta ilícita puede poner en peligro los principios de la democracia, de la justicia y hacer quebrar la confianza y el respeto de los ciudadanos hacia las instituciones y hacia la política. La corrupción es una lacra social que es necesario erradicar con firme y decidida determinación. Hace falta que los partidos se impongan códigos de buena conducta y que luego los cumplan a rajatabla, de manera que ante cualquier imputación judicial todo presunto culpable cese de inmediato en el cargo, sin perjuicio de su restitución en el mismo si luego es declarado incólume de toda culpabilidad. Y hay que promulgar la normativa legal adecuada y eficaz para que ningún corrupto condenado judicialmente deje de devolver el dinero defraudado, como casi siempre ocurre, riéndose así de la Justicia y de los ciudadanos honestos.

Por Antonio Guerra Caballero (publicado en El Faro de Ceuta, el 11-01-2010)